Cuando una finca pública se convierte en escenario de una matanza fuera de control
La imagen es difícil de encajar con la retórica oficial. Mientras la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales describe la finca pública Dehesa de Castilseras como un espacio de “naturaleza viva”, lo ocurrido el 25 de enero de 2026 en uno de sus cotos de caza revela algo muy distinto: una montería que terminó con cientos de animales abatidos y un 48% más de capturas de las autorizadas. Lo que debía ser una actividad cinegética regulada acabó pareciéndose demasiado a una matanza industrial de fauna salvaje.
La finca, situada entre Almadén, Almadenejos y Alamillo, en la provincia de Ciudad Real, ocupa alrededor de 9.000 hectáreas y es explotada por Minas de Almadén y Arrayanes S.A. (MAYASA), empresa pública participada al 100% por la SEPI. Sus usos oficiales combinan ganadería, gestión forestal, ecoturismo y aprovechamiento cinegético. Sobre el papel, se trata de un modelo de gestión que pretende compatibilizar actividad económica con conservación ambiental.
Pero lo sucedido en enero ha abierto una grieta profunda en ese discurso.
CUANDO LA CAZA SE CONVIERTE EN NEGOCIO SIN CONTROL
La montería investigada fue organizada por la empresa Cinegética Lomas de Teresa S.L., arrendataria del aprovechamiento cinegético de los cuatro cotos de la finca desde 2021, mediante un contrato de diez años firmado con MAYASA. Según fuentes locales consultadas en la investigación, el número de animales abatidos podría rondar el millar de ciervos, gamos y venados, aunque ni la Guardia Civil ni la empresa pública han podido confirmar la cifra exacta.
Lo que sí está acreditado es que se superó en un 48% el cupo autorizado, que se situaba aproximadamente en 500 ejemplares. El SEPRONA, la unidad de la Guardia Civil especializada en delitos medioambientales, abrió una investigación al detectar ese exceso de capturas, que supuso “una alteración significativa del plan de ordenación cinegética” y un impacto directo sobre la gestión de la fauna.
No fue la única irregularidad. Los agentes detectaron también posibles infracciones relacionadas con la gestión de los cadáveres de los animales. Parte de las piezas no destinadas al consumo humano quedaron abandonadas durante días, en lo que técnicamente se conoce como SANDACH (Subproductos Animales No Destinados al Consumo Humano). Fuentes locales hablan de unos 300 cadáveres sin recoger, amontonados en caminos o en instalaciones cercanas.
Una escena que desmonta el relato de “gestión sostenible” con el que se suele justificar la caza intensiva.
El caso llegó a la opinión pública cuando el alcalde de Almadenejos, Alberto Redondo, difundió fotografías que describió como “una masacre total”. Las imágenes mostraban decenas de cuerpos apilados, un paisaje más propio de una explotación cárnica que de un espacio natural gestionado por una empresa pública.
Las consecuencias legales pueden ser importantes. En Castilla-La Mancha, incumplir el plan cinegético puede suponer infracciones graves o muy graves, con sanciones que oscilan entre 50.000 y 300.000 euros, además de la retirada de la licencia de caza, la inhabilitación durante entre uno y diez años, o incluso la anulación del acotado.
El Gobierno regional estudia ahora esas posibles sanciones, mientras el SEPRONA ha solicitado un estudio técnico sobre el estado de las poblaciones animales en la finca para determinar si la presión cinegética ha comprometido la viabilidad de la fauna.
LA PARADOJA DE UNA FINCA PÚBLICA AL SERVICIO DEL NEGOCIO CINEGÉTICO
La empresa pública MAYASA ha reaccionado presentándose como “la principal perjudicada” por lo ocurrido. Según su versión, la responsabilidad recae exclusivamente en la empresa organizadora de la montería, ya que el aprovechamiento cinegético estaba arrendado y el contrato obliga al gestor a cumplir los cupos autorizados y a gestionar correctamente las capturas.
El problema es que esa explicación abre una pregunta incómoda: cómo puede ocurrir una matanza de estas dimensiones en una finca pública sin que nadie lo detecte hasta que aparecen las fotografías.
El propio contrato establece que la empresa arrendataria puede subcontratar la organización de las monterías, aunque sigue siendo responsable de todas las acciones de sus empleados o colaboradores. Si se confirma el incumplimiento del plan cinegético, MAYASA podría rescindir el contrato e incluso acudir a la vía judicial.
Mientras tanto, el alcalde de Almadenejos ha denunciado que no se trata de un hecho aislado. Según afirma, en la finca sería habitual superar los cupos de caza, aunque esta vez la situación se descontroló por la magnitud de las capturas y por el abandono de cadáveres.
Sus críticas van más allá de la montería concreta. Redondo sostiene que la finca está mal gestionada económicamente, a pesar de su tamaño y de contar con unas 8.000 ovejas y 700 vacas. Según sus datos, la explotación acumularía pérdidas de entre tres y cuatro millones de euros, lo que alimenta el malestar en una comarca con fuerte despoblación rural.
La paradoja es evidente: una finca pública gigantesca, situada en una de las zonas más empobrecidas del país, genera pérdidas mientras se convierte en escenario de cacerías masivas.
Desde la Plataforma NAC (No A la Caza) han denunciado que lo ocurrido demuestra los límites del modelo cinegético dominante. Su portavoz recuerda que numerosos estudios científicos cuestionan la idea de que la caza sea necesaria para regular poblaciones animales, señalando que los verdaderos equilibradores naturales son los superdepredadores, como el lobo o el lince.
Ese debate no es nuevo. En gran parte del Estado español, la caza se presenta como herramienta de gestión ambiental, pero en la práctica funciona también como actividad recreativa y negocio económico, donde cada temporada se fijan cupos y precios en función de la demanda de los cazadores.
Cuando ese sistema falla, el resultado puede ser lo que ocurrió en Castilseras: una explotación de fauna salvaje tratada como mercancía, donde los límites ecológicos quedan subordinados al número de disparos.
Porque detrás de las cifras, los expedientes administrativos y los contratos de arrendamiento, lo que queda es una escena incómoda para cualquier discurso sobre conservación: montones de animales muertos en una finca pública que presume de proteger la naturaleza.
