Las Mareas Blancas y los sindicatos convocan movilización el 12 de abril ante un modelo que deteriora lo público para alimentar el negocio sanitario
El 6 de abril, las Mareas Blancas de Córdoba junto a los sindicatos sanitarios de CCOO y UGT, acompañados por PSOE y Por Andalucía, volvieron a hacer lo que ya se ha convertido en rutina en Andalucía: salir a denunciar el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública. La cita no es menor. Han convocado una movilización el próximo 12 de abril a las 11:00, con salida desde la Delegación de Salud de la Junta en Córdoba, en una nueva llamada a la ciudadanía frente a una deriva que ya no se puede ocultar bajo cifras maquilladas.
Porque los datos están ahí, y son contundentes. No hablamos de percepciones, hablamos de cifras oficiales que reflejan un deterioro acelerado. Las organizaciones convocantes denuncian un modelo sanitario que está empujando a la sanidad pública hacia el colapso mientras abre espacio de negocio a empresas privadas. Una estrategia que no es nueva, pero que en los últimos años ha intensificado su impacto sobre pacientes, profesionales y estructuras sanitarias.
UN SISTEMA QUE EMPEORA MIENTRAS SE DESVÍA DINERO A LA PRIVADA
Las cifras que han puesto sobre la mesa los sindicatos son difíciles de relativizar. Desde junio de 2025, las listas de espera han pasado de 41.745 personas a 82.730. Es decir, prácticamente se han duplicado en menos de un año. Esto no es un fallo puntual ni una saturación coyuntural: es la consecuencia directa de decisiones políticas sostenidas en el tiempo.
Mientras tanto, la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se reduce. Actualmente hay 1.136 profesionales menos que en 2021. Menos médicas y médicos, menos enfermeras y enfermeros, menos personal para atender a una población que, sin embargo, sigue necesitando cuidados, diagnósticos y tratamientos. Menos manos para más pacientes.
La consecuencia es clara: retrasos en atención primaria que llegan hasta los 20 días para conseguir una cita. Diagnósticos tardíos. Patologías que se agravan por no ser tratadas a tiempo. Urgencias saturadas que funcionan como último recurso ante un sistema que no responde en los niveles básicos.
Pero el problema no se limita a la falta de personal. También se denuncia la infrautilización o cierre de infraestructuras sanitarias. Centros que podrían aliviar la presión asistencial permanecen sin uso o con actividad mínima. No es falta de recursos físicos, es falta de voluntad política para utilizarlos en beneficio de la mayoría.
Y mientras todo esto ocurre, el Gobierno andaluz destina cerca de mil millones de euros a la sanidad privada. En la provincia, el 27,5 % de las camas sanitarias ya están en manos privadas. El contraste es evidente: se recorta en lo público mientras se financia lo privado con dinero de todas y todos.
Además, Andalucía se sitúa como la quinta comunidad autónoma por la cola en inversión sanitaria, con 1.870 euros por habitante, muy lejos de los 2.506 euros que destina Asturias. Menos inversión, peores resultados, más negocio privado. La ecuación es tan simple como preocupante.
PROFESIONALES AL LÍMITE Y UNA CIUDADANÍA SIN VOZ
Las Mareas Blancas no solo denuncian cifras, también denuncian un modelo de gestión que excluye a la ciudadanía. Reclaman la activación de los Consejos de Salud, órganos de participación que, según recuerdan, no se han puesto en marcha desde 1998. Más de dos décadas sin mecanismos reales de participación ciudadana en decisiones clave.
El portavoz de las Mareas Blancas de Córdoba lo resumía sin rodeos: la relación con la administración es un “diálogo de sordos”. No hay interlocución. No hay escucha. No hay espacio para voces críticas. La sanidad se gestiona de espaldas a quienes la sostienen y la necesitan.
En paralelo, las y los profesionales sanitarios trabajan bajo una presión creciente. La apertura del tercer punto de urgencias, prevista para el jueves, es un ejemplo de cómo se toman decisiones sin reforzar la base del sistema. Se abrirá con solo dos médicos contratados, mientras los otros dos serán desplazados desde la atención primaria.
El resultado es evidente: se parchea un problema generando otro. Se refuerza un servicio a costa de debilitar otro. La consecuencia directa es el aumento de las demoras en primaria, que ya alcanzan los 14 días en muchos casos. Un sistema que se reorganiza sobre la precariedad estructural de sus propias plantillas.
Los sindicatos lo han dejado claro: no se oponen a ampliar servicios, pero sí a hacerlo sin recursos suficientes. No se puede construir un sistema sanitario sólido vaciando sus cimientos. No se puede sostener la atención pública si cada decisión implica restar profesionales en lugar de sumarlos.
La movilización del 12 de abril no es solo una protesta puntual. Es la expresión de un conflicto estructural: el choque entre un modelo que entiende la sanidad como derecho y otro que la concibe como mercado. Entre quienes defienden lo público como garantía de igualdad y quienes lo ven como una oportunidad de negocio.
Cuando la salud se convierte en negocio, la enfermedad deja de ser un problema sanitario para convertirse en una oportunidad económica.
“`
