La derogación del “endangerment finding” deja a la EPA sin herramientas para regular el CO₂ y favorece a la industria fósil mientras los desastres cuestan miles de millones
La Administración de Donald Trump ha decidido borrar de un plumazo uno de los pilares jurídicos más importantes en la lucha contra la crisis climática en Estados Unidos. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha revocado el llamado endangerment finding, la declaración científica aprobada en 2009 que reconocía que las emisiones de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero constituyen un peligro para la salud pública y el bienestar.
Aquella conclusión no era una opinión ideológica. Se apoyaba en evidencia científica abrumadora. Y se convirtió en la base legal para aplicar la Ley de Aire Limpio de 1970 a la contaminación climática, después de que el Tribunal Supremo dictaminara en 2007 que la EPA podía regular estos gases si suponían un riesgo sanitario. Desde entonces, prácticamente todas las normas federales sobre emisiones de vehículos, centrales eléctricas, instalaciones de petróleo y gas se sustentaban en ese dictamen.
Ahora, bajo la dirección del administrador de la EPA, Lee Zeldin, la Casa Blanca presume de haber impulsado “la mayor acción desreguladora de la historia de América”. No es una exageración retórica. Es una demolición estructural.
Lo que se elimina no es un trámite burocrático. Es la base que permitía frenar a las grandes petroleras.
REGALO REGULATORIO A LA INDUSTRIA FÓSIL
La derogación impactará de forma inmediata en los estándares de eficiencia de combustible y en los requisitos para vehículos eléctricos. El sector del transporte es ya la mayor fuente individual de emisiones en Estados Unidos. En 2022, los coches y camiones emitieron aproximadamente 1.800 millones de toneladas métricas de CO₂. Relajar esas exigencias supone consolidar ese liderazgo tóxico.
La Casa Blanca habla de “ahorrar al pueblo estadounidense 1,3 billones de dólares en regulaciones aplastantes”. Pero el cálculo es tramposo. Investigadores de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Pensilvania estiman que, solo en los próximos 25 años, el coste económico derivado del aumento de desastres naturales y la subida del nivel del mar provocados por las emisiones corporativas alcanzará los 87 billones de dólares. La comparación es obscena.
En 2025, los desastres meteorológicos agravados por el calentamiento global causaron daños por 115.000 millones de dólares en Estados Unidos. Fue el tercer año más costoso desde que comenzaron los registros en 1980, solo por detrás de 2023 y 2024. Además, el año pasado se registró el mayor número de desastres con pérdidas superiores a mil millones de dólares desde que existen estadísticas.
No estamos ante una hipótesis futura. Estamos ante un presente de huracanes más violentos, incendios forestales descontrolados y olas de calor que convierten ciudades enteras en hornos.
Anne Jellema, directora ejecutiva de 350.org, lo sintetizó sin rodeos: la decisión “no trata de ahorrar dinero a las y los contribuyentes, sino de salvar a una industria que ya ha sido expuesta como un peligro permanente para las familias estadounidenses”. El señalamiento es claro. Trump ha presumido de su cercanía con el sector fósil y de haber recibido cientos de millones de dólares en apoyo financiero en su última campaña.
La captura regulatoria ya no se disfraza. Se celebra.
NEGACIONISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO
El Sierra Club calificó la medida como la formalización del negacionismo climático como política oficial. No es una frase efectista. Al revocar el endangerment finding, la Administración no solo debilita regulaciones concretas. Cuestiona la base científica que sostiene que los gases de efecto invernadero amenazan la salud pública.
Es un ataque frontal al consenso científico construido durante décadas.
Las organizaciones ambientales ya han anunciado batalla judicial. Earthjustice ha advertido que impugnará la legalidad de la decisión. Su presidenta, Abigail Dillen, recuerda que los tribunales han reafirmado repetidamente la obligación de la EPA de combatir la contaminación climática.
El problema es que el actual Tribunal Supremo, con mayoría conservadora, ya limitó en 2022 la autoridad de la EPA para imponer estándares de emisiones a las centrales eléctricas. La arquitectura judicial también se ha desplazado.
David Arkush, del programa climático de Public Citizen, lo definió con precisión: si esta derogación prospera, obstaculizará la capacidad del Gobierno para combatir “la amenaza ambiental más terrible en la historia humana”. No es una exageración retórica. Es una descripción de un escenario en el que el Estado renuncia a su deber básico de protección.
Mientras tanto, las y los ciudadanos pagan el precio. Las y los agricultores pierden cosechas por sequías prolongadas. Las enfermeras y enfermeros atienden golpes de calor en barrios sin sombra ni recursos. Las y los bomberos se enfrentan a incendios cada vez más extremos. Las y los niños ven cómo campamentos de verano son arrasados por inundaciones repentinas.
El beneficio privado de unas pocas corporaciones se traduce en pérdidas públicas multimillonarias y en vidas truncadas.
No se trata de eficiencia regulatoria. Se trata de elegir bando. Entre la ciencia y el lobby. Entre la salud pública y el dividendo trimestral. Entre la vida y el beneficio fósil.
Trump ya ha decidido. Y lo ha hecho contra el planeta.
