Once años extrayendo agua ilegal mientras el acuífero se acercaba al colapso
La historia no es un error administrativo ni una discrepancia técnica. Es una cifra. 5,1 millones de euros de “beneficio ilegal”, según la Guardia Civil, por el agua extraída sin licencia en la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba, en el municipio de Aznalcázar, junto a Doñana.
Nueve pozos sin permiso. Nueve infraestructuras ocultas con mallas para dificultar incluso su detección aérea. Once años de extracción ilegal. Desde 2014 hasta 2024. No es una sospecha mediática. Es el resultado de la llamada operación Irrigatio y de un segundo informe pericial entregado en noviembre de 2025 al juez que instruye la causa por un posible delito ambiental.
Las dos agentes responsables han ratificado su trabajo ante el magistrado. Lo han hecho “de manera rotunda”. Han cuantificado el beneficio obtenido por regar más hectáreas de las autorizadas y, por tanto, producir más cosechas de cítricos. Hasta 205 hectáreas regadas entre 2014 y 2021. Desde entonces, 164 hectáreas entre 2021 y 2024. Más agua de la permitida. Más producción. Más ingresos.
La defensa, representando a Eurotécnica Agraria, la empresa familiar que gestiona las fincas, intenta concentrar la responsabilidad en un sobrino, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg. Pero la Fiscalía ha solicitado la imputación de varios hermanos Martínez de Irujo miembros del consejo de administración. El modelo es conocido: cuando el negocio va bien, el mérito es colectivo; cuando hay responsabilidades penales, la culpa se individualiza.
EL AGUA COMO BOTÍN PRIVADO Y EL ACUÍFERO AL 91%
El informe no se limita al beneficio ilícito. Añade el coste del daño ambiental. Entre 732.000 y 1,1 millones de euros, según se consideren 5.000 metros cúbicos por hectárea, como sostiene la defensa, o 6.352 metros cúbicos, como estiman las investigadoras.
El valor del agua extraída oscilaría entre 468.275 y 814.896 euros. La rehabilitación del entorno se calcula en 201.489 euros. La pérdida de valor ambiental del ecosistema se sitúa entre 62.539 y 113.353 euros. Sumando beneficio ilícito y daño ambiental, la cifra total se mueve entre 5,8 y 6,2 millones de euros.
Pero hay algo más grave que el dinero. El acuífero afectado, el Aljarafe Sur, ha pasado de un índice de explotación del 78% al 91%. El riesgo se considera crítico cuando se supera el 80%. Es decir, no estamos hablando de un margen técnico, sino de una zona roja superada durante años.
El propio informe advierte que la extracción ilícita “supone daños importantes sobre el ecosistema que pueden llegar a ser irreversibles”. Cuando el bombeo es excesivo, puede movilizar agua subterránea de baja calidad, deteriorando el recurso. Es la lógica de la sobreexplotación: primero se exprime, luego se degrada, finalmente se declara la escasez como si fuera un fenómeno natural.
La defensa intenta argumentar que no puede atribuirse a estos pozos la “exclusividad” de los daños en el acuífero. Es cierto que los sistemas ambientales son complejos y que la presión no proviene de un único actor. Pero la ausencia de exclusividad no elimina la responsabilidad individual. Si varias personas vacían una cuenta pública, ninguna puede escudarse en que no fue la única.
Aquí el problema no es solo jurídico. Es político y estructural. Mientras pequeños agricultores y agricultoras, trabajadores y trabajadoras del campo, soportan restricciones y controles, una de las mayores casas nobiliarias del Estado ha podido operar durante 11 años con captaciones ilegales junto a un espacio natural emblemático.
La extracción de agua no es una anécdota en un territorio como el entorno de Doñana. Es un conflicto social, ecológico y económico permanente. La sequía, el cambio climático y la presión agrícola intensiva no son debates teóricos. Son realidades medibles en porcentajes de explotación y en metros cúbicos bombeados.
El agua es un bien común, no un activo financiero para aumentar la rentabilidad de una explotación privada. Sin embargo, la práctica demuestra que quien tiene recursos puede asumir el riesgo de incumplir la ley durante años y, si llega el caso, discutir las cifras en sede judicial.
El relato habitual habla de tradición, patrimonio y legado histórico cuando se menciona a determinadas élites. Pero la tradición no autoriza a perforar acuíferos sin licencia. El patrimonio no legitima el deterioro ambiental. El legado no puede construirse sobre la apropiación de un recurso público.
Mientras tanto, el acuífero roza el límite de explotación sostenible y el debate se centra en si el cálculo pericial duplica o no el daño. Se discute la aritmética mientras el agua desciende.
Porque cuando el agua se convierte en botín y la ley en un obstáculo negociable, no estamos ante un simple caso judicial, estamos ante un síntoma de impunidad estructural.
