Menos hielo, más minería y un modelo económico que convierte el agua en mercancía
El deterioro de los glaciares en América del Sur ya no es una advertencia científica: es una realidad medible, visible y profundamente política. Expertas y expertos de países como Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia coinciden en un diagnóstico inquietante: los gigantes de hielo que sostienen la vida de millones de personas están retrocediendo a un ritmo acelerado. El cambio climático y las actividades extractivas, especialmente la minería, están convergiendo como fuerzas destructivas sobre ecosistemas que son esenciales para la regulación del agua.
Los datos recopilados por iniciativas como MapBiomas sobre cobertura y uso del suelo permiten visualizar una tendencia sostenida: la pérdida glaciar es constante en todo el arco andino. Este retroceso no es solo un fenómeno ambiental, sino un indicador de un modelo económico que prioriza la extracción de recursos frente a la sostenibilidad de la vida.
En Argentina, el Gobierno de Javier Milei impulsó el 8 de abril una modificación de la Ley de Glaciares para facilitar inversiones mineras en zonas periglaciares. La medida, respaldada por provincias como Catamarca, San Juan, Salta y Mendoza, se articula con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), diseñado para atraer capitales en sectores estratégicos como el litio y el cobre. Este giro normativo pone en riesgo áreas clave para la generación de agua en regiones áridas.
Según el investigador Sebastián Crespo, los glaciares aportan en algunos casos más del 50 % del caudal estival en cuencas con escasez estructural. Su desaparición no es solo una cuestión ecológica, sino un problema de supervivencia para comunidades enteras. A esto se suma la previsión de una caída del 30 % en las precipitaciones andinas, lo que agrava la dependencia de estas reservas naturales.
El científico Juan Rivera advierte que esta pérdida no es abstracta: “nos estamos comiendo las reservas”. En un horizonte de 50 años, la realidad hídrica de la región podría transformarse de forma irreversible, con consecuencias sociales, económicas y ambientales de gran escala.
Bolivia ofrece un ejemplo especialmente crítico. La FAO alertó en marzo de 2025 que los glaciares del país podrían desaparecer en un plazo de 20 años si se mantiene la tendencia actual. Datos de MapBiomas indican una reducción del 32 % en los últimos 30 años. Este retroceso no solo compromete el abastecimiento de agua, sino que altera el equilibrio de ecosistemas completos.
La situación es aún más alarmante al observar regiones específicas: la cordillera Sur ha perdido un 53 % de su superficie glaciar, mientras que otras zonas como Apolobamba o Tres Cruces presentan reducciones del 39 % y 35 %, respectivamente. Estos datos reflejan una erosión sistemática de los recursos hídricos.
La minería añade una capa adicional de presión. En Bolivia, actividades extractivas llevan más de 30 años operando en zonas cercanas a glaciares, generando contaminación y alterando el equilibrio térmico del hielo. El polvo y los residuos reducen el albedo, acelerando el derretimiento. A pesar de ello, el país carece de un marco legal específico para proteger estos ecosistemas.
En Perú, la pérdida glaciar alcanza niveles dramáticos. Desde 1962, el país ha perdido el 56 % de su cobertura glaciar. Solo entre 1995 y 2024, desaparecieron 62 000 hectáreas, lo que equivale a un 40 % de la superficie. La década 2014-2024 fue la más crítica, coincidiendo con un aumento sostenido de temperaturas.
Este retroceso ya tiene consecuencias tangibles: algunas cordilleras han perdido el 100 % de sus glaciares, alterando el régimen hídrico de cuencas enteras. En regiones donde el agua glaciar es la principal fuente durante la estación seca, su desaparición amenaza tanto a la población como a la biodiversidad.
Ecuador y Colombia siguen la misma tendencia. Entre 1985 y 2024, Ecuador perdió el 48,1 % de su superficie glaciar, mientras que Colombia registró una reducción del 53,3 % entre 1985 y 2023. En este último país, la minería ilegal creció un 245,6 % en el mismo periodo, evidenciando la relación entre degradación ambiental y expansión extractiva.
El caso del Nevado Santa Isabel es paradigmático: ha perdido el 96 % de su cobertura glaciar y está al borde de desaparecer. En contraste, el glaciar de la Sierra Nevada del Cocuy mantiene una pérdida anual del 4,8 % desde 2017, lo que indica que incluso los sistemas más estables están en riesgo.
Este escenario no es fruto del azar. Es el resultado de decisiones políticas, de marcos regulatorios diseñados para favorecer la inversión por encima de la protección ambiental y de un modelo económico que convierte los bienes comunes en mercancías. Los glaciares, lejos de ser considerados reservas estratégicas de agua, son tratados como obstáculos para la expansión minera.
El deshielo no es solo una consecuencia del calentamiento global, es también la huella de un sistema que prioriza el beneficio inmediato sobre la vida futura.
