El nuevo mandato de Trump ha convertido a los Estados Unidos en la oficina central del extractivismo global. El Estado ya no regula: obedece.
JAVIER F. FERRERO
LA CAPTURA DEL ESTADO FÓSIL
El discurso oficial habla de “dominancia energética”, pero lo que se ha instalado en Washington es un golpe de Estado silencioso del capitalismo fósil. Más de 111 altos cargos de la administración de Donald Trump provienen de las mismas empresas que el gobierno debería controlar: Shell, Valero, Liberty Energy o la American Petroleum Institute. No es casualidad: es un diseño político. Los reguladores se han convertido en empleados del sector que contaminan.
El símbolo es tan grotesco que parece parodia: Brittany Kelm, asesora del Consejo Nacional de Dominancia Energética, describió su trabajo como un “servicio de guante blanco para las petroleras”. Su oficina, explicó, ayuda a las compañías de gas, carbón y petróleo a “desbloquear lo que está atascado”. Lo que está atascado, en realidad, es la democracia frente a un poder corporativo que actúa sin límite ni vergüenza.
En los despachos del Departamento del Interior y de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), quienes redactan las normas ambientales son las mismas personas que las destruyeron desde dentro del sector privado. La puerta giratoria ya no gira: se ha quedado abierta de par en par.
Los datos del informe conjunto de Public Citizen y Revolving Door Project son demoledores. Cuarenta y tres cargos provienen directamente de empresas fósiles y más de una decena son abogados que antes defendían a las corporaciones frente a demandas por contaminación o desinformación climática. Entre ellos, David Fotouhi, exletrado del bufete Gibson Dunn, que asesoró a Chevron para esquivar responsabilidades legales por mentir sobre el calentamiento global.
El resto se reparte entre think tanks ultraconservadores y organizaciones creadas para blindar el negocio del carbono. La más influyente, la America First Policy Institute, fue fundada por Brooke Rollins con financiación directa del multimillonario texano Tim Dunn, quien en 2023 pidió públicamente “acabar con la tontería de considerar el CO₂ un contaminante”. Ese es el nivel de la política energética del país más poderoso del planeta.
LA SUPREMACÍA FÓSIL Y EL ECOCIDIO COMO DOCTRINA
Mientras el mundo se esfuerza por reducir emisiones, Estados Unidos retrocede medio siglo. Desde enero, Trump ha bloqueado permisos para parques eólicos y solares, ha cancelado 7.600 millones de dólares destinados a proyectos de descarbonización y ha devuelto 27.000 millones de fondos climáticos a la industria fósil. En paralelo, su Departamento de Energía ha aprobado una inyección de 625 millones de dólares para “revitalizar el carbón”, el combustible más sucio de todos.
A esto lo llaman “transición energética”. En realidad, es una contrarrevolución.
El trumpismo no defiende la soberanía nacional: defiende la soberanía de las petroleras.
El nuevo presupuesto republicano consagra esta doctrina con precisión quirúrgica. Miles de millones en incentivos para perforar nuevos pozos, venta masiva de tierras públicas para prospección y penalizaciones fiscales a quienes invierten en renovables. Estados Unidos se está reindustrializando, sí, pero con humo negro.
Los impactos de este modelo ya son visibles: la Agencia Internacional de la Energía estima que el crecimiento del sector renovable estadounidense se ha desplomado un 45 % desde el regreso de Trump al poder. Mientras tanto, la contaminación atmosférica en zonas industriales del cinturón del carbón ha repuntado por primera vez en una década.
El resultado no es solo ambiental. Es civilizatorio. Al blindar el negocio fósil, la administración Trump garantiza que la humanidad siga anclada a un sistema económico que depende de su propia destrucción.
El negacionismo climático ya no necesita discursos: ahora legisla.
Desde la Casa Blanca se gobierna como si el planeta fuera un hotel de cinco estrellas al borde del incendio. “Concierge, white-glove service”, dijo la asesora Kelm, sin rubor. Es la definición perfecta del capitalismo tardío: un modelo donde las empresas que envenenan el aire reciben atención personalizada, y las que limpian el aire son expulsadas del edificio.
El ecocidio tiene manual de estilo. Se llama Dominio Energético Nacional. Su objetivo no es solo producir más gas o más carbón, sino reafirmar la idea de que contaminar es un derecho y regular es una traición. En el fondo, no se trata de energía, sino de poder: de quién decide el futuro y para quién.
El gobierno de Trump no ha capturado solo las instituciones; ha capturado el lenguaje. La palabra “sostenible” ha sido sustituida por “rentable”. La palabra “transición” por “dominancia”. Y la palabra “vida” por “negocio”.
Mientras Europa, China o incluso África experimentan con renovables, Trump apuesta por un retorno al siglo XX, al carbón, a la fractura hidráulica y a la quema sin límite. No es nostalgia industrial. Es codicia organizada.
Texas marca la agenda, Wall Street la financia y la Casa Blanca la ejecuta.
El planeta paga la factura.
El capitalismo fósil ya no se esconde detrás de los políticos. Es quien firma los decretos. Y Trump no es su líder: es su mayordomo.
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