Un informe denuncia cómo petroleras, mineras, madereras y redes criminales están cercando el mayor corredor de pueblos indígenas aislados del planeta mientras los gobiernos siguen llamándolo “desarrollo”.
LA AMAZONÍA NO ESTÁ SIENDO “DESARROLLADA”, ESTÁ SIENDO INVADIDA
Hay palabras que funcionan como maquillaje político. “Desarrollo” es una de ellas. Se usa para justificar carreteras en mitad de la selva, pozos petroleros sobre territorios indígenas y concesiones mineras donde viven pueblos que han decidido permanecer aislados del mundo exterior para sobrevivir. Como si destruirlo todo fuese modernizar. Como si el extractivismo fuese inevitable. Como si las vidas indígenas fueran un obstáculo administrativo frente a los negocios de siempre.
El nuevo informe sobre el Corredor Territorial Yavarí-Tapiche desmonta ese relato pieza por pieza. El estudio, elaborado por organizaciones indígenas de Perú y Brasil junto a Earth Insight, documenta cómo el principal corredor habitado por pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) está siendo rodeado por intereses petroleros, madereros, mineros y criminales.
No hablamos de un territorio pequeño. El corredor ocupa más de 16 millones de hectáreas, una superficie equivalente al doble de Panamá. Allí viven al menos diez pueblos reconocidos oficialmente: matsés, matis, korubo, kulina-pano, flecheiro, remo, marubo, iskonahua, mayoruna y kapanawa. Algunas de estas comunidades viven en aislamiento voluntario. Otras mantienen contacto parcial. Todas están bajo amenaza.
Y no es una amenaza abstracta. El informe identifica que los bloques de petróleo y gas se superponen a 1,7 millones de hectáreas de bosque, un 10 % del corredor. Más de 537.000 hectáreas afectan directamente a territorios destinados a pueblos indígenas aislados.
Mientras tanto, los gobiernos siguen hablando de progreso. Lo hacen desde despachos climatizados. Nunca desde una comunidad indígena arrasada por enfermedades, contaminación o violencia armada.
Leo Chuma Teca Beso, líder de la comunidad Matsés en Loreto, lo resume sin diplomacia institucional. Dice que el supuesto desarrollo será para “las grandes empresas, la gran agricultura, los automóviles y el combustible”, mientras que para las comunidades quedarán “las enfermedades, la explotación sexual, los narcotraficantes y la delincuencia”.
Y cuesta discutirle algo.
Porque eso ya ocurrió antes. En Brasil. En Perú. En Ecuador. En Colombia. La historia del extractivismo en América Latina es exactamente esa: beneficios privados arriba, territorios devastados abajo. Capital extranjero entrando. Pueblos indígenas expulsados o convertidos en estorbo legal. Selva convertida en mercancía.
PETRÓLEO, MINERÍA Y CARRETERAS: EL MANUAL CLÁSICO DEL CAPITALISMO DEPREDADOR
El informe no se limita a denunciar. También cartografía el desastre. Y el mapa es brutal.
Hay 13 concesiones mineras superpuestas al corredor. Algunas muestran señales de actividad en imágenes satelitales pese a la escasa documentación oficial. Una de ellas está vinculada a la extracción de casiterita, un mineral relacionado con redes criminales y minería ilegal en Brasil. El propio estudio recuerda que la extracción ilegal en territorio yanomami alimentó una crisis sanitaria marcada por el envenenamiento por mercurio.
Luego está la tala ilegal. Medio millón de hectáreas del lado peruano están atravesadas por concesiones madereras. El mecanismo es tan viejo como rentable: madera extraída ilegalmente en Brasil termina “blanqueada” con documentación legal peruana. Lavado forestal. Capitalismo verde. La selva convertida en un Excel.
Y después llegan las carreteras. Siempre llegan.
El informe recuerda que por cada kilómetro de carretera legal construido en la Amazonía aparecen unos 3 kilómetros de vías ilegales derivadas. Detrás vienen los taladores, los buscadores de oro, las mafias, los incendios y la colonización del territorio. El llamado “efecto espinazo”. Un nombre técnico para describir una destrucción perfectamente conocida.
Dos proyectos viales amenazan directamente el corredor. Uno conectaría Cruzeiro do Sul, en Brasil, con Pucallpa, en Perú. Otro uniría Jenaro Herrera con Colonia Angamos, cerca de Brasil. Ambos atraviesan zonas extremadamente sensibles, incluyendo reservas indígenas y regiones donde ya operan redes criminales vinculadas a minería ilegal y contrabando.
Y aun así siguen impulsándose.
Porque el problema nunca ha sido la falta de información. Los gobiernos saben perfectamente lo que ocurre. Las petroleras también. Las empresas mineras, igual. El asunto es otro: la Amazonía sigue siendo vista como una despensa infinita para alimentar mercados internacionales mientras los pueblos indígenas son tratados como una molestia para los balances trimestrales.
Por eso el informe insiste tanto en la gobernanza indígena y en la financiación directa a las comunidades. Porque son ellas quienes realmente están defendiendo el territorio. No los gobiernos. No las cumbres climáticas llenas de discursos huecos. No las multinacionales que patrocinan conferencias sobre sostenibilidad mientras perforan selva virgen.
Wanen Kanamari, defensora indígena de la Amazonía brasileña, advierte que la presión de la minería ilegal en el valle del Yavarí es “muy fuerte”. Y añade algo importante: sin unión entre pueblos indígenas, el acceso de los invasores se vuelve mucho más fácil.
Eso es lo que está en juego aquí. No solo biodiversidad. No solo carbono. No solo árboles.
Se está decidiendo si el planeta seguirá tolerando que el capitalismo extractivo avance sobre cualquier territorio que todavía no haya terminado de devorar. Aunque para ello haya que borrar pueblos enteros del mapa.
