Un informe alerta de que hasta un 25 % de la selva amazónica podría colapsar ecológicamente por culpa del crimen organizado, la minería ilegal y la complicidad política y empresarial.
LA SELVA MÁS GRANDE DEL MUNDO YA TIENE DUEÑOS: LOS CÁRTELES
La Amazonía lleva décadas siendo saqueada. Eso no es nuevo. Lo obsceno es que ahora el saqueo ya no se esconde. Se organiza. Se profesionaliza. Se internacionaliza. Y mientras las grandes potencias hablan de transición ecológica en conferencias llenas de aire acondicionado y catering de lujo, la selva tropical más importante del planeta se convierte en un corredor criminal gigantesco. Cocaína, oro, madera, mercurio, armas, corrupción y muerte. Mucha muerte.
El informe “El saqueo de la selva: Blindar a la Amazonía del crimen organizado”, elaborado por International Crisis Group, lanza una advertencia demoledora: los grupos criminales ya operan en al menos el 67 % de los municipios amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. No hablamos de pequeños focos aislados. Hablamos de una economía criminal incrustada en el corazón de la selva.
La investigación señala algo especialmente incómodo. El narcotráfico y la minería ilegal no solo destruyen directamente el territorio. También financian nuevas formas de devastación: acaparamiento de tierras, expansión ganadera, extracción maderera y control armado de comunidades enteras. Dinero manchado de sangre convertido después en haciendas, empresas pantalla y negocios aparentemente legales. Capitalismo extractivo en estado puro. Apenas disfrazado.
Y mientras tanto, la Amazonía se acerca a un punto crítico. El informe advierte de que entre un 20 % y un 25 % de la región podría llegar a un colapso ecológico que destruiría la capacidad de regeneración de la selva. Un cuarto de la Amazonía. No es una metáfora dramática. Es una posibilidad científica real.
Brasil aparece como uno de los grandes epicentros de esta maquinaria criminal. El Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC), con unos 130 000 integrantes, controlan rutas estratégicas hacia los puertos de Barcarena y Santos para exportar droga a Europa. La cocaína que se consume en discotecas europeas atraviesa antes comunidades indígenas aterrorizadas, ríos contaminados y territorios militarizados por mafias.
Los grupos armados colombianos tampoco desaparecieron. Mutaron. Se adaptaron. El ELN se expandió hacia territorios venezolanos ricos en minerales. Los Comandos de la Frontera controlan plantaciones de coca y minas ilegales en Colombia y extienden alianzas con organizaciones ecuatorianas como Los Lobos. El crimen organizado funciona ya como una multinacional flexible. Mucho más eficaz que muchos Estados.
En Ecuador, la situación se ha deteriorado a una velocidad brutal. La tasa de homicidios en provincias amazónicas pasó de 10 asesinatos por cada 100 000 habitantes en 2021 a más de 50 en 2024. No es solo violencia. Es ocupación territorial.
Y hay otro dato que retrata el tamaño del problema. En cinco regiones amazónicas de Perú, 200 de las 250 autoridades locales electas han enfrentado investigaciones penales. Un 80 %. La frontera entre Estado y crimen ya ni siquiera está clara.
EL ORO ILEGAL YA VALE MÁS QUE LA VIDA
Durante años la cocaína fue el gran negocio. Ahora el oro ilegal compite —e incluso supera— esa rentabilidad. El informe recuerda que el precio del oro alcanzó 170 dólares por gramo en enero. Una cifra histórica que ha convertido la Amazonía en un territorio todavía más codiciado y violento.
Porque detrás de cada lingote “legal” puede haber mercurio vertido en un río, pueblos indígenas desplazados o niñas y niños intoxicados. Pero el mercado internacional sigue comprando. Bancos, joyerías, empresas tecnológicas. Nadie pregunta demasiado cuando hay beneficios de por medio.
La investigación denuncia cómo el oro extraído ilegalmente en Venezuela entra en Colombia y se vende como si fuera legal. Se lava. Literalmente. Después, el dinero termina reinvertido en ganadería o compra masiva de tierras en zonas amazónicas. El ciclo perfecto del saqueo.
Las consecuencias sanitarias son espantosas. Mercurio y cianuro contaminan ríos y suelos. La malaria se dispara en zonas mineras por las aguas estancadas que dejan las explotaciones ilegales. En Roraima, Brasil, los casos de malaria crecieron un 233 % alrededor de minas ilegales donde operan unos 20 000 mineros en territorios donde viven apenas 30 000 personas yanomami.
Y luego aparece el dato que debería provocar un escándalo internacional inmediato. 570 niños y niñas murieron en cuatro años en esa región. Pero el mercado del oro siguió funcionando. Las bolsas no se detuvieron. Los fondos de inversión no lloran demasiado cuando las víctimas son indígenas pobres a miles de kilómetros.
La minería ilegal ya ha transformado al menos dos millones de hectáreas de selva amazónica en terrenos destruidos y cubiertos de sedimentos. Un incremento del 52 % en apenas seis años. Y aun así seguimos escuchando discursos vacíos sobre sostenibilidad pronunciados por gobiernos que continúan subvencionando agricultura industrial, macroganadería y extractivismo salvaje.
El informe todavía deja una pequeña ventana abierta. Habla de cooperación regional, fortalecimiento de guardias indígenas, economías sostenibles y control real de las cadenas de suministro. También apunta algo fundamental: las empresas internacionales no pueden fingir que no saben lo que está pasando.
Claro que lo saben.
Lo saben quienes compran oro barato. Lo saben quienes facilitan rutas financieras. Lo saben quienes consumen materias primas amazónicas sin preguntar de dónde salen. Lo saben los gobiernos europeos que endurecen fronteras mientras su demanda de cocaína alimenta la maquinaria criminal en la selva.
La Amazonía no se está destruyendo sola. La están destruyendo desde despachos, puertos, bolsas de valores y consejos de administración. Con corbata. Con informes de rentabilidad. Con discursos verdes para la prensa y barro tóxico para los pueblos indígenas.
