Cuatro trabajadores pasaron 15 días encerrados a 300 metros de profundidad mientras el empresario Fernando Martínez Blanco seguía sin pagarles las 13 nóminas adeudadas. Ahora recorrerán Asturies a pie para exigir algo tan básico como cobrar por su trabajo.
Hay imágenes que explican mejor un país que cien discursos institucionales. Cuatro mineros saliendo de una explotación de carbón después de 15 días encerrados a 300 metros de profundidad, abrazándose con sus familias mientras reclaman que les paguen lo que les deben. Eso. Esa es la fotografía real de la precariedad en España. No los anuncios del IBEX, no las campañas de “marca país”, no los ministros hablando de récords económicos.
Los trabajadores de Mina Miura abandonaron este miércoles el encierro en la explotación de Tormaleo, en Ibias, pero no abandonan la lucha. Ni pueden. Porque cuando te deben 13 nóminas, lo que está en juego ya no es solo el empleo. Es la comida. El alquiler. La dignidad. La supervivencia de familias enteras en una comarca castigada desde hace años por la despoblación y la destrucción industrial.
Mañana iniciarán una marcha de aproximadamente 160 kilómetros hasta Oviedo/Uviéu. Seis días caminando para reclamar algo que debería provocar un escándalo nacional inmediato: que un empresario cumpla sus compromisos y pague salarios atrasados. Así de simple. Así de obsceno.
300 METROS BAJO TIERRA MIENTRAS EL EMPRESARIO DESAPARECE
Los nombres de los trabajadores son Santiago González, Héctor Pérez, José María Pérez Pereira y Héctor López. Han pasado dos semanas bajo tierra entre humedad, frío y agotamiento físico. Esperando una reacción. Una solución. Un gesto mínimo de responsabilidad empresarial. Nada.
Ni un euro.
Mientras ellos permanecían encerrados en la mina, el empresario Fernando Martínez Blanco seguía acumulando promesas vacías y silencio. Los mineros ya hablan abiertamente de un “empresario a la fuga”. Y cuesta discutirles el término cuando la realidad es esta: trabajadores sin cobrar durante más de un año y una empresa paralizada mientras el propietario incumple sistemáticamente lo prometido.
Porque esa es otra. Según denuncian los propios trabajadores, Martínez Blanco adquirió los derechos mineros el pasado octubre comprometiéndose a asumir las deudas salariales pendientes y a reactivar la actividad. No ha cumplido ni una cosa ni la otra.
Ni salarios. Ni empleo. Ni futuro.
A cambio, cartas ambiguas hablando de un posible ERTE que ni siquiera los trabajadores consideran fiable. El portavoz de los mineros, José María Pérez Pereira, llegó a reconocer públicamente que no descartan que todo vuelva a ser “una mentira”. Cuando la plantilla ya no cree absolutamente nada de lo que sale de la empresa, el problema no es de comunicación. El problema es estructural.
Y también político.
Porque los mineros salieron de la bocamina rodeados de vecinos, familiares, sindicatos y representantes institucionales. Muchos aplausos. Muchas fotos. Mucha declaración solemne. Pero ellos mismos lanzaron un aviso incómodo: no quieren apoyos “testimoniales”. Quieren soluciones reales. Quieren que las administraciones “remen al unísono”. Quieren dejar de escuchar palabras vacías mientras sus cuentas bancarias siguen a cero.
CAMINAR HASTA OVIEDO PARA RECORDAR QUE SIN OBREROS NO HAY COMARCA
La marcha comenzará en la Campa de Tormaleo y terminará el próximo 13 de mayo frente a la Junta General del Principado de Asturias. Allí quieren aumentar la presión institucional y social. Porque entienden perfectamente algo que demasiada gente en los despachos olvida: cuando desaparece una mina en una comarca como el suroccidente asturiano, no desaparece solo una empresa. Desaparece tejido social. Comercio. Juventud. Vida.
Por eso la rabia de los trabajadores no se limita al impago. Va mucho más allá. Hablan de empresarios “piratas”. De especulación con el sufrimiento de las familias. De impunidad.
Y cuesta no darles la razón.
Hay algo profundamente indecente en un sistema donde los trabajadores tienen que encerrarse bajo tierra y después caminar durante seis días para reclamar salarios que ya han ganado con su esfuerzo. Como si cobrar fuese un privilegio y no un derecho básico. Como si quienes levantan sectores enteros con su cuerpo tuviesen que mendigar lo que se les debe.
Pérez Pereira fue especialmente claro al reclamar que la explotación pase a manos de “empresarios dignos” capaces de mantener los empleos y sacar adelante una actividad que, según defienden los propios trabajadores, siempre fue rentable. La frase tiene más carga política de lo que parece. Porque desmonta uno de los grandes relatos del capitalismo contemporáneo: esa idea de que si una empresa fracasa siempre es culpa de los costes laborales o de los trabajadores. Aquí no. Aquí los trabajadores siguen defendiendo la mina mientras denuncian la irresponsabilidad de quien la controla.
Ellos siguen ahí. El empresario no.
Las miradas de los cuatro mineros al salir del encierro lo decían todo. Cansancio. Rabia. Desgaste. Pero también orgullo. El orgullo de quienes saben que su lucha es legítima. Y necesaria.
Porque cuando normalizamos que una plantilla pase más de un año sin cobrar, cuando aceptamos que las comarcas obreras se vacíen mientras algunos empresarios desaparecen dejando deudas detrás, lo que se está hundiendo no es solo una mina. Es la idea misma de justicia social.
