La eliminación de barreras fluviales no es una moda ambiental, sino una urgencia ecológica y social que Europa empieza a entender mientras España sigue mirando hacia otro lado.
EL PRECIO DEL HORMIGÓN Y LA MEMORIA DE LOS RÍOS
En el corazón de Europa, el programa Open Rivers ha derribado ya más de cien barreras y liberado 1.480 kilómetros de ríos. Cuatro de esas intervenciones fueron en el Estado español. Puede parecer poco, pero cada presa demolida devuelve oxígeno, peces y equilibrio a un territorio que se ha acostumbrado a vivir al borde del colapso ecológico.
En palabras de Pao Fernández, portavoz de la iniciativa, “mantener barreras fluviales en desuso no es un capricho, es una necesidad urgente”. Cada azud, cada presa abandonada, es una herida abierta que convierte el agua —ese bien común— en un líquido prisionero.
Europa arrastra más de 1,2 millones de obstáculos en sus cauces, la mitad de ellos sin registrar. España es un ejemplo extremo de esta negligencia: 171.000 barreras estimadas y solo 30.000 inventariadas. El resto son fantasmas de cemento que nadie mantiene, ni vigila, ni asume. Muchas se construyeron para mover molinos o derivar agua hacia regadíos que ya no existen. Pero siguen ahí, degradándose, bloqueando el flujo de la vida, generando riesgos estructurales y costes crecientes.
Los ríos no entienden de burocracias. Cuando se les encierra, dejan de ofrecer beneficios sociales —agua, alimento, regulación climática— y empiezan a provocar costes económicos y desastres ambientales. Lo que un día fue ingeniería se convierte en ruina ecológica.
LA DESINFORMACIÓN Y EL NEGOCIO DEL MIEDO
La erosión de deltas y playas, la acumulación de sedimentos, las emisiones de metano o la extinción de especies fluviales son consecuencias invisibles hasta que ya es demasiado tarde. El delta del Ebro o las costas gallegas son ejemplos de esa pérdida lenta, donde el mar avanza porque el río ya no puede alimentarlo.
Pero el mayor obstáculo hoy no es técnico. Es político y cultural. En los últimos años, la desinformación y los bulos han frenado decenas de demoliciones en España y Francia. Medios poco rigurosos y redes sociales plagadas de intereses económicos difunden el mito de que “se están tirando pantanos” o que el Gobierno destruye patrimonio hidráulico. Falso. Se eliminan infraestructuras inútiles y peligrosas, no embalses en uso.
El propio Gobierno se ha visto obligado a desmentir esos ataques. Pero los bulos calan porque apelan a un imaginario muy arraigado: el del “progreso hidráulico” franquista, que convirtió a España en un país de presas mientras expulsaba a comunidades enteras de sus valles. Aquella cultura del hormigón sigue viva en los despachos de las confederaciones hidrográficas y en las tribunas políticas donde se confunde soberanía con cemento.
Eliminar barreras fluviales no es destruir. Es reparar.
Reparar ecosistemas, prevenir inundaciones, devolver la conectividad natural de los cauces y reducir emisiones. Cada presa caída es un respiro para especies al borde del colapso, como la anguila europea o el esturión, hoy casi extinguidos por la fragmentación fluvial. Lo que antes era una fuente gratuita y local de alimento se perdió por una gestión suicida. “Nos hemos cargado una fuente de alimentación autosostenible”, recuerda Fernández.
En algunos lugares, asambleas vecinales informan puerta a puerta para vencer el apego emocional a esas barreras urbanas que muchos consideran parte del paisaje. No es fácil. El cemento se hereda como si fuera historia, aunque lo que guarda sea muerte.
Los países que más avanzan —Francia, Dinamarca, Suecia y España antes del retroceso reciente— demuestran que derribar presas no solo repara la naturaleza. También previene inundaciones urbanas, evita pérdidas de agua por evaporación y reduce el coste de mantenimiento de infraestructuras obsoletas.
El futuro será de los ríos libres o no habrá futuro posible.
Porque cuando un río muere, no solo desaparecen los peces. Desaparece también una parte del mundo que aún respiraba sin permiso.
