Cuando la ciencia se atreve a decir lo que la política calla
UN CIENTÍFICO DEL ESTADO SE REBELA ANTE EL SAQUEO FÓSIL
Por primera vez en mucho tiempo, una voz desde el propio CSIC ha señalado con nombre y apellidos a los responsables del desastre climático. Emilio Santiago Muíño, doctor en Antropología Social y científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, compareció en el Congreso para decir lo que debería ser obvio: que las petroleras y gasísticas financien la lucha contra el cambio climático.
Su propuesta, expuesta ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, rompe con el discurso templado habitual de las instituciones. Santiago Muíño no pidió más planes estratégicos, sino dinero. Dinero procedente de los beneficios extraordinarios de las empresas fósiles, las mismas que durante décadas han contaminado impunemente mientras el Estado asumía los costes sociales, sanitarios y ambientales de su negocio.
“Tenemos que movilizar dinero”, dijo, recordando una idea del sociólogo César Rendueles: las grandes políticas públicas igualitarias no son baratas. Pero tampoco deberían ser pagadas por quienes menos culpa tienen. El investigador propone consolidar el impuesto temporal a las energéticas de 2023 y 2024 y transformarlo en un mecanismo estable y dirigido específicamente a las petroleras y gasísticas. Que paguen quienes aceleraron la crisis climática.
El científico del CSIC fue más allá: advirtió que la emergencia climática pondrá a prueba la viabilidad del país. No es un problema ambiental, sino político. “Los aciertos y errores de hoy marcarán el siglo”, sentenció ante las y los diputados.
UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA ROMPER EL CÍRCULO FÓSIL
Santiago Muíño rechazó el fatalismo y habló de posibilidad. Aseguró que España no está condenada al desierto, porque el avance de las renovables, las baterías y la electrificación ofrece una oportunidad que no se veía en 250 años: liderar un nuevo modelo económico basado en la descarbonización.
“Descarbonizar rápido ya no es solo una cuestión de seguridad, sino de prosperidad”, afirmó. Pero esa transición no será posible sin un Estado activo que planifique, invierta y redistribuya. Por eso el investigador propuso un sistema estatal de pago por cuidados ambientales: recompensar a quienes mantienen bosques, restauran ríos o gestionan la tierra de forma sostenible. “Quien cuida de la naturaleza tiene que recibir una recompensa”, subrayó.
También reclamó una modernización de la función pública en clave climática y la creación de infraestructuras verdes y azules —tejados vegetales, ríos naturalizados, fuentes públicas aptas para el baño o sombras arbóreas—. No son lujos, insistió, sino infraestructuras tan básicas para el siglo XXI como el alcantarillado o la electricidad lo fueron en los siglos XIX y XX.
Santiago Muíño desmontó así la narrativa del “esfuerzo ciudadano” que los gobiernos repiten mientras protegen a las grandes corporaciones. La crisis climática no es fruto de la conducta individual, sino del abuso estructural de unas pocas empresas.
La novedad es que esta vez lo ha dicho un científico del propio Estado, desde la tribuna del Congreso, y con el respaldo de la evidencia. Si la política no lo escucha, ya no podrá fingir ignorancia.
Porque la ciencia ha hablado claro: las petroleras deben pagar.
Y si no lo hacen, seguirán financiando con su silencio la catástrofe que ellas mismas provocaron.
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