El Gobierno de Paz resucita un proyecto rechazado por científicos y pueblos indígenas mientras vende “energía renovable” a costa de destruir ecosistemas, desplazar comunidades y poner en riesgo la pesca que sostiene a miles de familias.
UNA REPRESA GIGANTE PARA SACRIFICAR EL PILCOMAYO
Bolivia vuelve a mirar al río como si fuera una mercancía. Otra vez. El Gobierno de Eduardo del Castillo Paz ha decidido recuperar el viejo proyecto hidroeléctrico de El Carrizal, una iniciativa nacida en los años 80 y que ahora pretende presentarse como símbolo de modernidad energética. Pero debajo del discurso institucional sobre “desarrollo” y “transición” aparece algo mucho más viejo y más brutal: el extractivismo de siempre. Cambia el uniforme. No cambia la lógica.
La represa proyectada entre Tarija y Chuquisaca costaría entre 900 y 1.300 millones de dólares y prevé generar 1842,8 gigavatios hora (GWh). Para ello se levantaría una infraestructura gigantesca sobre la cuenca del río Pilcomayo, alimentada por las aguas del río Camblaya y situada en el entorno del cañón del Pilaya, considerado el sexto más profundo del mundo.
El problema es que no estamos hablando de un territorio vacío. Nunca lo está. Allí viven comunidades indígenas weenhayek, tapiete y guaraníes. Allí existe una economía local basada en la pesca del sábalo. Allí sobreviven ecosistemas extremadamente frágiles. Y allí, según denuncian científicas, científicos y organizaciones ambientales, el proyecto podría provocar una alteración irreversible del equilibrio ecológico del Pilcomayo.
La bióloga Ludmila Pizarro, de la Fundación BioChaco y de la Plataforma Ambiental Villa Montes, denunció que el proyecto ni siquiera cuenta con un diseño final consolidado ni con estudios de impacto ambiental accesibles públicamente. Grave. Muy grave. Porque mientras parlamentarios y entidades cívicas venden el proyecto como una especie de salvación económica, quienes llevan décadas estudiando el río advierten exactamente de lo contrario.
Y las advertencias no son menores. La represa reduciría el caudal del Pilcomayo, modificaría la aportación de nutrientes y afectaría directamente a las zonas de desove de los peces. Especialmente del sábalo, pieza central de la alimentación y de la economía regional. Cuando una represa corta el río, no solo corta agua. Corta ciclos de vida enteros.
Pizarro lo explica con crudeza: las represas actúan como barreras físicas que impiden que los peces migratorios lleguen a sus zonas de reproducción. Alteran temperaturas, eliminan crecidas naturales y destruyen hábitats. Luego llegan los discursos oficiales hablando de sostenibilidad. Sostenibilidad para los balances energéticos quizá. No para quienes viven allí.
EL NEGOCIO “VERDE” QUE PUEDE ARRASAR COMUNIDADES ENTERAS
Hay algo profundamente obsceno en la forma en la que muchos gobiernos latinoamericanos están utilizando el concepto de “energía renovable”. Como si poner la etiqueta verde bastara para borrar desplazamientos forzosos, destrucción ambiental o pérdida de soberanía territorial indígena.
El Carrizal encaja perfectamente en esa trampa. Una megainfraestructura presentada como progreso mientras especialistas advierten que podría inundar comunidades enteras, destruir tierras agrícolas y provocar daños irreversibles sobre especies amenazadas como el cóndor andino o el oso andino.
El ingeniero hidráulico Jaime Villena calcula que todas las poblaciones situadas por debajo de los 2260 metros sobre el nivel del mar podrían verse afectadas por inundaciones. Entre ellas Camblaya, Los Sotos, Pioca o Molle Aguada. En algunas zonas, hasta el 30 % de las tierras cultivables desaparecerían bajo el agua.
Y luego está el problema del sedimento. Uno enorme. El río Pilcomayo arrastra más de 200 millones de toneladas de sedimentos al año. Iván Arnold, de la organización Nativa, recordó que en 2012 una sola riada enterró cultivos enteros bajo dos metros de arena. Su pregunta es demoledora: ¿qué ocurrirá cuando esa sedimentación colmate la represa en pocos años.
Porque sí. Existe el riesgo real de construir una obra multimillonaria condenada a llenarse de barro rápidamente. Ya ocurrió con el embalse de Itiyuro, en Argentina. Pero las grandes infraestructuras tienen algo curioso: incluso cuando fracasan ambientalmente, alguien gana dinero igualmente. Constructoras. Entidades financieras. Consultoras. Empresas energéticas. El negocio nunca suele hundirse con el territorio que destruye.
Mientras tanto, el pueblo weenhayek alerta de que el Pilcomayo ya está sufriendo reducciones alarmantes de caudal, especialmente en agosto y septiembre. Francisco Nazario, capitán grande de la Organización de Capitanías del Pueblo Weenhayek de Tarija, avisó de que el río podría terminar pareciéndose “a una quebrada seca”. Una frase durísima. Y probablemente bastante más honesta que todos los folletos promocionales del proyecto.
En 2022, un grupo de 20 científicos de Argentina, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos y Bolivia publicó una advertencia internacional contra El Carrizal. Llevaban más de 25 años estudiando el Pilcomayo. Concluyeron que la represa alteraría la integridad ecológica de toda la cuenca trinacional y reduciría drásticamente las áreas aptas para el crecimiento del sábalo. También alertaron de consecuencias económicas devastadoras para pescadores, transportistas, comerciantes y mercados ligados a la pesca.
Pero aun así el proyecto sigue adelante. Con respaldo político. Con apoyo parlamentario. Y con financiación prevista de la CAF mediante préstamo internacional. Porque cuando se habla de megaproyectos, las decisiones suelen tomarse muy lejos de quienes acabarán pagando el coste real.
El viejo truco del capitalismo fósil ahora se disfraza de presa hidroeléctrica: convertir un río vivo en una máquina de producir rentabilidad mientras llaman progreso a dejar pueblos enteros sin futuro.
