La Administración intentó cerrar por la puerta de atrás una vía clave para proyectos solares y eólicos. La justicia le acaba de recordar que gobernar no es destruir a golpes de decreto lo que no gusta a las petroleras.
EL ATAJO SUCIO CONTRA LA ENERGÍA LIMPIA
Una jueza federal de Estados Unidos ha dejado sin efecto una política de la Administración Trump que dificultaba a los proyectos de energía eólica y solar acceder a subsidios fiscales federales. La decisión, recogida en documentos judiciales y publicada por Reuters el 8 de junio, supone otro golpe legal a la ofensiva del presidente Donald Trump contra las tecnologías limpias. Otra piedra en el camino de una maquinaria política obsesionada con frenar todo lo que huela a transición energética, aunque eso encarezca la luz, ahogue proyectos y entregue más poder a los mismos de siempre.
La resolución la firmó el sábado la jueza Colleen Kollar-Kotelly, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Su argumento fue claro: el Servicio de Impuestos Internos del Departamento del Tesoro, el IRS, no justificó adecuadamente por qué eliminaba una definición mantenida durante años sobre cuándo puede considerarse que un proyecto está “en construcción”. No es una cuestión menor ni una filigrana administrativa. En esa definición se jugaban millones, planificación industrial, empleos y la viabilidad de proyectos renovables enteros.
La norma federal establece que los proyectos de energía limpia deben comenzar su construcción antes del 4 de julio o entrar en servicio antes de finales de 2027 para optar a un crédito fiscal del 30%, con bonificaciones adicionales capaces de elevar todavía más la ayuda. Dicho en lenguaje llano: quien cumpla esos plazos puede acceder a una herramienta decisiva para construir parques solares, eólicos y otras infraestructuras limpias. Quien quede fuera, se enfrenta a costes más altos, financiación más difícil y, en muchos casos, al bloqueo.
Durante una década, las y los promotores de proyectos habían contado con una vía conocida como “safe harbor”, una especie de puerto seguro fiscal que les permitía reservar el acceso al crédito durante cuatro años. Para hacerlo, podían demostrar trabajo físico sustancial y continuo en el proyecto, o bien acreditar que habían incurrido ya en el 5% del coste total antes de que expirara el crédito. Era una regla conocida. Previsible. Útil. Una de esas reglas que permiten construir algo más complejo que un titular de campaña.
Pero en agosto pasado, el IRS publicó una nueva interpretación que eliminaba esa provisión del 5%, salvo para los proyectos más pequeños. Ahí estaba la trampa. No hacía falta prohibir la energía solar ni la eólica con un cartel luminoso. Bastaba con cambiar una regla técnica, estrechar el embudo, sembrar incertidumbre y dejar que el capital hiciera el resto: proyectos paralizados, financiación congelada, promotores obligados a recalcularlo todo. El sabotaje moderno no siempre entra con botas. A veces llega como una circular fiscal.
CUANDO EL NEGOCIO FÓSIL SE DISFRAZA
La demanda contra esa norma fue presentada el año pasado por varios actores: los grupos ecologistas Oregon Environmental Council y Natural Resources Defense Council, la organización de defensa de consumidores Public Citizen, la ciudad de San Francisco y la consultora de energía limpia Woven Energy. Su tesis era sencilla y bastante incómoda para la propaganda trumpista: el cambio de reglas encarecería la electricidad y frenaría la construcción de proyectos limpios.
Y eso importa. Importa porque mientras Trump insiste en presentar las energías limpias como tecnologías poco fiables e injustamente subvencionadas, el sistema que defiende lleva décadas mimando con dinero público, privilegios regulatorios y guerras geopolíticas a los combustibles fósiles. El problema nunca fueron las subvenciones. El problema es quién las recibe. Si el dinero público sostiene petróleo, gas, carbón, autopistas, oleoductos y ejércitos desplegados para proteger rutas energéticas, se llama seguridad nacional. Si ayuda a levantar placas solares o aerogeneradores, entonces se convierte mágicamente en distorsión de mercado.
La jueza Kollar-Kotelly no ha escrito una proclama ecologista. Ha hecho algo más básico y, precisamente por eso, más demoledor: ha señalado que la Administración no explicó de forma suficiente por qué liquidaba una definición consolidada. La decisión devuelve el aviso normativo del IRS para “nueva consideración”. No es el final de la guerra, claro. Es un frenazo. Y en una batalla donde el trumpismo avanza a base de decretos, recortes, intimidación burocrática y desprecio institucional, cada frenazo cuenta.
El fiscal de la ciudad de San Francisco, David Chiu, lo expresó con claridad: la decisión pone un límite importante a unas acciones administrativas que están elevando los precios de la energía para las y los estadounidenses de a pie en ciudades y pueblos de todo el país. También defendió la necesidad de proteger la “equidad de mercado” y la previsibilidad que permite a las empresas de energía limpia construir proyectos beneficiosos para la población. Suena técnico. Pero debajo hay algo mucho más concreto: facturas, empleos, planificación pública y derecho a respirar.
El IRS, por su parte, se limitó a decir que no comentaría litigios pendientes. Silencio administrativo. La vieja coreografía del poder cuando lo pillan con la mano en la norma. Primero cambia una regla que favorece al viejo modelo fósil. Luego espera que el daño avance. Si los tribunales lo frenan, no comenta. Si nadie lo frena, lo llama política energética.
La ofensiva de Trump contra la energía limpia no es un capricho ni una rareza ideológica. Es una restauración. Quiere devolver al centro del tablero a las industrias que han convertido el planeta en una cuenta de resultados con chimeneas. Quiere ralentizar tecnologías menos contaminantes mientras el mundo arde, los océanos se recalientan y las comunidades trabajadoras pagan dos veces: primero con la factura, después con la salud. La transición energética no puede depender del humor de un presidente ni de la presión de los lobbies fósiles.
La decisión judicial del 8 de junio no convierte a Estados Unidos en un paraíso verde. Ni mucho menos. Pero sí desnuda la maniobra. Bajo el discurso de la eficiencia y la supuesta defensa del mercado, había una política para hacer más difícil construir energía limpia justo cuando más falta hace. No era neutralidad. No era prudencia. Era bloqueo.
Y cuando el poder intenta convertir el futuro en un trámite imposible, incluso una sentencia puede sonar como una grieta en la puerta blindada del negocio fósil.
