Castilla-La Mancha autoriza un proyecto masivo en plena crisis climática y sanitaria
La decisión está tomada. Publicada el 10 de abril en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha —puede consultarse en la resolución oficial que concede la Autorización Ambiental Integrada—, la Junta ha dado luz verde a una de las instalaciones ganaderas más grandes jamás proyectadas en España. Casi un millón de gallinas. 810.000 ponedoras y 187.500 de recría. Una cifra que impresiona, sí. Pero que también inquieta. Mucho.
El proyecto, impulsado por el Grupo Avícola Rujamar S.L., se ubicaría en San Clemente (Cuenca) y pretende producir unos 235 millones de huevos al año. Es decir, una fábrica. No una granja. Una instalación industrial de animales a gran escala, pensada para maximizar rendimiento, no para convivir con el territorio. Y eso se nota en cada dato.
La reacción no se ha hecho esperar. Plataformas vecinales y organizaciones como Greenpeace, Ecologistas en Acción o Amigas de la Tierra hablan abiertamente de indignación. No es para menos. Porque la cuestión ya no es solo ética. Es ambiental. Es sanitaria. Y también, aunque a veces se diga menos, económica para quienes viven allí.
AGUA, AIRE Y SALUD: EL COSTE REAL QUE NO SALE EN LA ETIQUETA
Los números vuelven a aparecer. Y pesan. Según la propia empresa promotora, la instalación generará más de 1.000 toneladas de gallinaza al mes. Residuos. Excrementos. Un volumen que inevitablemente termina afectando al entorno. Sobre todo cuando el acuífero del que dependería la explotación —el Rus-Valdelobos— ya está declarado en mal estado tanto cuantitativo como químico.
Y esto no es un detalle menor. En zonas cercanas, como Casas de Roldán o Casas de los Pinos, el agua lleva años superando los límites legales de nitratos. En la última medición disponible, de septiembre de 2024, fue declarada directamente no apta para consumo. Sin actualizaciones posteriores. Sin mejoras visibles. Ahora, se suma un proyecto que necesita agua… y genera más presión sobre el sistema.
Hay más. El aire. La macrogranja sería la mayor emisora de amoniaco del país en su categoría. Un gas tóxico, asociado a problemas respiratorios y a la degradación ambiental. No es una hipótesis. Es lo que ocurre en instalaciones similares. La escala importa. Y aquí hablamos de una escala descomunal.
Mientras tanto, a apenas 700 metros del emplazamiento previsto se encuentra una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Un espacio teóricamente protegido. Pero que, en la práctica, quedaría expuesto a un modelo intensivo que aumenta el riesgo de contagios entre fauna silvestre y animales de explotación.
Porque ese es otro punto clave. En 2025, España sacrificó casi tres millones de aves de corral por gripe aviar. Tres millones. Un récord. Y un aviso. Las macrogranjas, por su densidad y condiciones, facilitan la propagación de enfermedades. Lo dicen organismos internacionales. Lo reflejan los datos: desde 2003, se han registrado 993 casos en humanos en el mundo, con 477 muertes.
La pregunta, entonces, es incómoda pero necesaria. ¿Tiene sentido ampliar este modelo?
EL RELATO VERDE FRENTE A LA REALIDAD INDUSTRIAL
Rujamar se presenta como una empresa comprometida con el medio ambiente y el bienestar animal. Es su discurso. Su imagen pública. Pero el proyecto plantea otra cosa. Huevos de código 2 y 3, los sistemas más intensivos permitidos en España: gallinas en suelo o en jaula. Muy lejos del código 0 ecológico o del 1 campero.
La diferencia no es menor. Habla de cómo viven esos animales. De cuánto espacio tienen. De si pueden moverse. O no. Producción masiva frente a bienestar real. Esa es la disyuntiva, aunque a veces se intente maquillar.
Las organizaciones lo dicen sin rodeos. Denuncian un caso claro de “lavado verde”. Una estrategia cada vez más habitual: presentarse como sostenible mientras se impulsa un modelo que multiplica impactos ambientales y sociales. Funciona a nivel de marketing. Pero chirría cuando se analizan los datos.
Además, el marco normativo tampoco ayuda. El actual Real Decreto 637/2021, que regula las explotaciones avícolas, no establece límites claros de tamaño. Eso permite que proyectos de esta magnitud lleguen a tramitarse. Y, en algunos casos, aprobarse.
Por eso, las organizaciones ya han anunciado alegaciones. A la concesión de agua. A la normativa estatal. A todo lo que permita frenar —o al menos revisar— un proyecto que consideran incompatible con la transición ecológica que se proclama desde las instituciones.
Mientras tanto, en los pueblos cercanos, la preocupación es más directa. Más concreta. Es el agua que sale del grifo. El aire que se respira. El modelo de desarrollo que se impone sin preguntar demasiado. Porque esto también va de eso. De quién decide. Y para quién.
Casi un millón de gallinas. 235 millones de huevos. Más de 1.000 toneladas de residuos al mes. A veces los números lo dicen todo. O casi todo.
