¿Cómo traducir los principios del movimiento por el decrecimiento en programas políticos concretos? ¿Qué políticas pueden responder a los problemas cotidianos de la gente – el alquiler, el salario, la conciliación, la cesta de la compra – y, al mismo tiempo, apuntar hacia una forma diferente de organizar la economía?
Estas son algunas de las preguntas que Research & Degrowth International (R&Di) lleva tiempo explorando. Ante la convocatoria de las elecciones del 29 de noviembre, queremos contribuir a abrir el debate político compartiendo cinco propuestas concretas. No pretenden ser un programa electoral completo, sino una invitación a imaginar qué podría hacer un gobierno que se tomara en serio la justicia social y ecológica, y que estuviera dispuesto a disputar el poder económico.
Partimos de una constatación sencilla: cada vez dependemos más del mercado para acceder a las condiciones básicas de una vida digna. La vivienda, la alimentación, la energía y hasta los cuidados se han convertido en oportunidades de negocio, mientras quienes sostienen la vida tienen cada vez menos capacidad para decidir sobre ella. La respuesta habitual de la política institucional es corregir los excesos del sistema con ayudas e incentivos. Pero ¿y si el problema fuera la propia organización de la economía?
Cinco propuestas para empezar a cambiar las cosas
1. Garantía Pública de Empleo. El Estado garantiza empleo digno y voluntario a todas las personas que lo deseen, con salarios adecuados y jornadas de hasta 30 horas semanales. La pregunta clave es qué trabajos queremos que existan, aunque no generen beneficios privados: cuidados, agroecología, rehabilitación energética, restauración de ecosistemas y servicios comunitarios. No partimos de cero: en Francia, el programa Territoires zéro chômeur de longue durée (iniciado en 2016) garantiza empleo indefinido a personas de larga duración en desempleo a través de empresas de empleo con finalidad social; en septiembre de 2025 contaba con unas 4.000 personas empleadas en 92 empresas de 83 territorios, con mejoras reconocidas en las trayectorias de parte de las personas participantes, aunque también con límites señalados por la evaluación independiente (dificultades para llegar a algunos perfiles, costes públicos superiores a los previstos y efectos territoriales aún no demostrados). En India, el programa MGNREGA garantiza hasta 100 días de empleo remunerado al año a los hogares rurales que lo solicitan, en actividades de interés público. Son experiencias distintas que muestran que el empleo puede organizarse como una garantía pública y no depender solo de la demanda de las empresas.
2. Jornada laboral de 30 horas. Reducción del tiempo de trabajo sin reducción salarial. No podemos seguir aceptando que los aumentos de productividad se traduzcan sistemáticamente en más beneficios empresariales mientras el tiempo de vida de la mayoría sigue subordinado al trabajo. Reducir la jornada significa repartir el empleo, combatir el desempleo involuntario y recuperar tiempo para vivir, cuidar, participar en la comunidad y disfrutar. También significa cuestionar qué producimos y para qué, en lugar de perseguir aumentos de productividad como un fin en sí mismo.
3. Renta Universal de Cuidados. Una transferencia mensual, universal e incondicional, de alrededor de 650 euros por persona, ajustada al coste de vida. Reconoce y sostiene el trabajo que hace posible la vida, tanto remunerado como no remunerado. Y cuando hablamos de cuidados no hablamos solo de atender a niños, personas mayores o familiares: hablamos también de cuidar los ecosistemas, mantener huertos comunitarios, participar en redes de apoyo mutuo y sostener nuestras comunidades. La libertad no debería depender exclusivamente de nuestra capacidad para vender nuestro tiempo en el mercado laboral.
4. Gobernanza democrática de la vivienda pública. Ampliación del parque público de vivienda mediante la expropiación de viviendas en manos de fondos de inversión, bancos y grandes propietarios, e incorporación progresiva de las viviendas vacías. No necesitamos seguir construyendo para alimentar la especulación mientras existen millones de viviendas desocupadas. Pero tampoco basta con cambiar el propietario: las personas inquilinas, los movimientos sociales y las instituciones públicas deben participar en las decisiones sobre el parque de vivienda, y deben apoyarse las cooperativas de vivienda en cesión de uso y otras formas de propiedad colectiva.
5. Seguridad Social Alimentaria. ¿Por qué garantizar el acceso a la sanidad a través de un sistema público y dejar que la alimentación dependa casi exclusivamente de supermercados privados y grandes cadenas? Proponemos garantizar el acceso universal a alimentos saludables y nutritivos, combinado con una red de supermercados y economatos públicos, mercados municipales, cooperativas de consumo y comercios de proximidad. Una tarjeta alimentaria de base de 150 euros podría canalizar parte de este derecho. No se trata solo de abaratar la cesta de la compra, sino de transformar las relaciones entre quienes producen, distribuyen y consumen alimentos, garantizando condiciones dignas para agricultores y trabajadores y creando una salida estable para la producción agroecológica.
Estas cinco políticas se inspiran en experiencias existentes, investigaciones y propuestas que ya se están debatiendo y experimentando en distintos lugares, y pueden empezar a implementarse desde el primer día de gobierno. Para financiarlas necesitamos una fiscalidad mucho más progresiva – impuestos sobre el patrimonio y la riqueza, reforma del IRPF, impuestos sobre las transacciones financieras y la extracción de recursos – y una reestructuración del gasto público: menos recursos para sectores destructivos y presupuestos militares, más inversión en bienestar y transición ecosocial. También necesitamos cuestionar las reglas fiscales europeas que limitan la capacidad de inversión pública.
Más allá de las políticas: disputar el poder y el sentido común
Sería un error pensar que basta con escribir un buen programa. La pregunta fundamental no es solo qué políticas queremos, sino quién tiene el poder para hacerlas realidad y quién se va a oponer. Expropiar viviendas a fondos de inversión, reducir la jornada sin reducir salarios, garantizar empleo público o transformar el sistema alimentario supone cuestionar beneficios privados y relaciones de poder arraigadas. No podemos esperar que quienes se benefician del sistema actual acepten voluntariamente perder sus privilegios, ni confiar toda la transformación a un gobierno por muy buenas que sean sus intenciones.
Necesitamos construir poder popular: sindicatos, movimientos por la vivienda, organizaciones feministas, cooperativas, colectivos ecologistas, organizaciones campesinas y comunidades locales capaces de defender estas transformaciones y participar en su implementación. Y necesitamos disputar el sentido común: durante décadas se nos ha repetido que no hay alternativa, que sin crecimiento no hay empleo o que el mercado es la forma más eficiente de organizar la vida. La verdadera pregunta no es si podemos permitirnos garantizar vivienda, alimentación y cuidados, sino por qué una sociedad con tanta riqueza acumulada no es capaz de hacerlo. No es si podemos trabajar menos, sino por qué los aumentos de productividad no se traducen en más tiempo libre. No es si podemos reorganizar la economía, sino quién gana y quién pierde con la organización actual.
Esta disputa tampoco puede quedarse dentro de nuestras fronteras: una transición ecosocial justa requiere cuestionar las relaciones de dependencia y explotación que conectan nuestras economías con el Sur Global y construir alianzas internacionales frente al poder de las élites. La soberanía de unos no puede construirse sobre la subordinación de otros.
Un espacio para construir el horizonte compartido
Queremos que los partidos de izquierda consideren estas propuestas, las discutan, las incorporen a sus programas y se comprometan a construir las mayorías sociales necesarias para llevarlas a cabo. Pero tampoco podemos quedarnos esperando. Si los partidos existentes no asumen el reto, necesitamos organizarnos desde abajo: no necesariamente creando otro partido de inmediato, sino construyendo primero un espacio político donde movimientos sociales, sindicatos, organizaciones ecologistas, cooperativas, investigadores y ciudadanía puedan debatir y elaborar colectivamente un programa de transformación. Podría ser un Foro Social Más Allá del Crecimiento, una asamblea permanente o una plataforma abierta con herramientas de democracia participativa como Decidim: un espacio capaz de conectar luchas que a menudo avanzan por separado, identificar objetivos comunes y traducirlos en propuestas concretas.
No partimos de cero. Tenemos movimientos con capacidad de movilización, experiencias de organización comunitaria, propuestas elaboradas y conocimientos acumulados durante años. Lo que falta, muchas veces, es un espacio donde todo esto se convierta en un horizonte político compartido. Las próximas elecciones no deberían ser solo una competición entre partidos por gestionar mejor lo existente: pueden ser una oportunidad para abrir una discusión más profunda sobre el tipo de sociedad que queremos construir.
Porque otra economía no solo es posible: hay propuestas para empezar a construirla hoy.
Puedes consultar el documento completo, el informe de políticas públicas y el resumen ejecutivo, disponibles en inglés, español y catalán, en la web de la campaña: https://degrowth.org/campaign/
